Los últimos testigos en ver a Santiago Maldonado, el primero de agosto en la localidad de Cushamen, Chubut, narraron en un dialogó con la revista Cítrica una descripción muy precisa: “Nos tirábamos por diferentes partes, por donde podíamos, porque la lluvia de balas no cesaba.” Luego, finalmente narran el momento del secuestro del joven: “ahí sale el Unimog cargado. Sube hasta el cruce de allá. Y vemos cómo se atraviesa una camioneta blanca junto al Unimog. Varios gendarmes hacen una pantalla para que no se vea lo que están haciendo. Y la camioneta blanca de Gendarmería sale para allá, como rumbo a Esquel. Por eso no hay la menor duda de que se lo llevó la Gendarmería. Que ellos lo tienen y que ellos son los responsables de que el compañero no aparezca”.

Planteada esta situación, llega la actitud del Gobierno de negar la gravedad de los hechos y el análisis de la defensa irrestricta realizada por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich abre interpretaciones sobre las responsabilidades políticas y penales del Poder Ejecutivo.

La desaparición de Maldonado ocurre en el contexto de una política represiva sostenida desde el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la comunidad mapuche en la provincia de Chubut, que prácticamente promueve una cacería sobre integrantes del pueblo originario. Esto no es nuevo. Desde el 2016, Pablo Noceti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y mano derecha de Bullrich, asegura que existe un sector de la comunidad mapuche que “es terrorista” y tiene la cuestión del pueblo originario en el centro de su agenda.

El secuestro de Maldonado por parte de la fuerzas de seguridad se da con esa premisa e incitación del Poder Ejecutivo. La presencia y la conducción “en el terreno de la operación” de Noceti, unas horas antes de la desaparición (según la ministra de Seguridad), ese mismo día, vuelve inverosímil el relato de Bullrich. No es un detalle menor recordar que Noceti tiene un antecedente que lo marca como un apologista y abogado defensor de represores de la última dictadura militar.

Por otro lado, las declaraciones de Bullrich que proclaman la inocencia de la Gendarmería empiezan a demolerse en la Justicia Federal que caratuló la causa como “desaparición forzada” y apunta a la fuerza dependiente del ministerio de Seguridad como principal responsable. Sin embargo, en su relato frente al Congreso, Bullrich comenta sobre el rol de Noceti: “Pasó por el lugar a las 12: 30, una vez que ya… digamos… se estaban haciendo las actuaciones”. A pesar de la presencia del funcionario del Poder Ejecutivo en el lugar donde se desarrolló la represión y la desaparición, según la ministra su hombre, Nocetti, “se bajó del auto, saludo y se fue, no participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa.”

¿Bullrich pretende hacer creer que su jefe de Gabinete que se encontraba ese día en el lugar comandando la represión no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido? Las propias declaraciones de la ministra que ratifican la presencia de un funcionario del Poder Ejecutivo en el lugar fundamentan la necesidad de negar la desaparición forzada de Santiago por protección propia. Bullrich esta encubriendo a la Gendarmería, para protegerse a ella misma, al encubrir a su funcionario. No estamos hablando de la responsabilidad política de funcionarios nacionales sobre la actuación de efectivos policiales, estamos hablando de la responsabilidad penal de un alto funcionario del Poder Ejecutivo que se encontraba comandando la represión en la cual ocurrió la desaparición.

En ese sentido, el caso de Maldonado, no se parece a otros antecedentes de la democracia de desapariciones por agentes policiales o patotas clandestinas. Las diferencias no se encuentran solo en la respuesta estatal, que durante el kirchnerismo permitió con contradicciones (avances y retrocesos) la habilitación, a través de dependencias del Estado, de un terreno de lucha para contrarrestar las históricas prácticas de impunidad de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Mientras durante el macrismo en solo dos años se habilitó y dio el guiño para que las fuerzas de seguridad vuelvan a sentirse legitimadas para violar los esfuerzos realizados en la construcción de protocolos en materia de derechos humanos.

Lo de Maldonado no se trata de efectivos autonomizados que deciden cometer una “desaparición forzada” para encubrir una determinada situación, como el caso de Miguel Bru o Luciano Arruga. En este caso estamos preguntándonos seriamente por la responsabilidad del Poder Ejecutivo, no solo desde una perspectiva política sino penal, primero en la instigación del hecho y segundo en su responsabilidad directa al momento en que ocurrió el secuestro del Maldonado. Noceti venia construyendo una caracterización de estos sectores como “terroristas” y el fin de ese trazado impulsado terminó en la desaparición de Santiago.

El despliegue discursivo del Gobierno hablando de “terrorismo” en la Patagonia que tiene como antecedente inmediato las declaraciones recientes de Cristian Ritondo que aseguró que el ministerio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata fue víctima de “un atentado”, parece perfilar la construcción oficialista de un “nuevo enemigo público”. A esto Ritondo le sumó unas declaraciones sobre la desaparición de un asesor que apareció en las últimas horas. En tanto sobre el atentado, el funcionario de Vidal deslizó que tal vez la responsabilidad sea de manifestantes que reclamaban por la aparición con vida de Maldonado, vinculados a “la izquierda”, así en abstracto, como le gusta hablar a los funcionarios cambistas. Si leemos por un lado, el regreso de palabras como “atentado” e “izquierda” en un mismo sintagma en la boca de funcionarios del Gobierno y el hecho de la desaparición forzada de Maldonado por el otro, tal vez empecemos a comprender la dimensión total de este clima de época cuidadosamente construido por el Gobierno y los medios hegemónicos. Y solo de esta forma accederemos a las claves para entender las raíces profundas en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Santiago Asorey

APU