Está en discusión en comisiones de la Cámara de Diputados un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, presentado por la Campaña Nacional por la Legalización del Aborto. Somos decenas de miles quienes queremos la legalización. Somos menos, pero muchxs también, quienes tenemos diferencias con el proyecto que se discute. Seguramente habrá quien dirá que no es este el momento para discutir diferencias, para plantear desacuerdos antipáticos, pero lo cierto es que nunca parece ser el momento para algunas discusiones justamente por no ser celebratorias. Sin embargo, sin negar el logro inmenso de que se esté discutiendo un proyecto para legalizar el aborto y sin menguar el profundo deseo de que ocurra, este es momento de plantear diferencias justamente por ser histórico y por las consecuencias que tendrá el texto final de la ley (confiando en que se apruebe, gracias a la enorme presión social que ya desborda masivamente a la militancia histórica).

El sujeto del aborto

El movimiento feminista sin duda es uno de los más importantes históricamente en nuestro país y el mundo, pero la práctica del activismo feminista y de la articulación con otros movimientos no siempre resulta sencilla. En algunos temas, parece que ciertas activistas feministas tuvieran potestad de determinar quién puede participar y quién no, quién puede tener una voz y quién no. Actúan como quien es “nativx” de un lugar y discute políticas de aceptación de la presencia de “extranjerxs”. Hay activistas feministas que nunca jamás tienen la más mínima duda de su “derecho natural” a habitar algunos territorios políticos, a ocuparse de algunos temas, a que su voz deba ser escuchada y en cambio consideran que es necesaria su anuencia para que otrxs puedan estar en ese mismo lugar. Y usé la idea del derecho natural porque no es raro que en el fondo se encuentren justificaciones de tipo naturalistas, biologicistas o esencialistas.

Esto es lo que pasa, paradigmáticamente, con el aborto. La sensación es que parece que algunxs fuéramos intrusxs, que quienes no nos nombramos mujeres pero sí podemos gestar y abortar no tuviéramos derecho a opinar, cuestionar o actuar en los debates y activismos por el aborto. Este feminismo de la demarcación de fronteras, o de las guardianas de la puerta de acceso, nos repele activamente y nos invalida en tanto sujetos médicos de la práctica y en tanto sujetos políticos de la lucha por su legalización. Y digo que nos repele activamente porque es toda una posición política pretender ingenuidad, no haberse dado cuenta o apelar a supuestas inercias discursivas, como también lo son algunos silencios y omisiones.

A fines de 2008, un puñado de activistas formamos Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. No me da pudor decir que creo que fuimos un punto de inflexión importante en el activismo por el aborto, porque no lo digo en términos individuales sino colectivos y especialmente en términos de activismo lésbico. Sumamos acción directa y visibilidad, más una posición no victimista ni incapacitante frente a las tecnologías (en este caso las farmacológicas), una combinación clásica en el activismo y las comunidades gltb. Nosotras sacamos materiales impresos y dimos entrevistas en radio, diarios y televisión poniendo nuestras caras, dando nuestros nombres y apellidos diciendo que en tal número telefónico estábamos transmitiendo la información producida por organizaciones internacionales de salud y de derechos reproductivos para abortar de forma segura usando misoprostol. Esta historia merece ser contada, no por los nombres de quienes fuimos parte de ese grupo, sino para evidenciar los mecanismos del feminismo que acusa de intrusión: a nosotras nos trataron como intrusas, nos dijeron en la cara, más de una vez, que en tanto lesbianas no teníamos por qué estar hablando de aborto, que qué tenía que ver el aborto con las lesbianas. Así. Literal. Y no sólo el periodista más o menos malintencionado, sino las compañeras feministas. Nuestra presencia, nuestra visibilidad, nuestra voz, nuestra estrategia, nuestra acción directa las irritaba. Y se notaba mucho: en los debates, en una cuestionable acción que un grupo hizo en la puerta de un seminario de actualización en aspectos médicos y legales de usos del misoprostol para integrantes de equipos de salud, en la calle, en las marchas. Como si las lesbianas no abortáramos. Como si las lesbianas, en tanto personas con capacidad de gestar y por lo tanto con la capacidad de interrumpir un embarazo, no quedáramos afectadas por el estatus de ciudadanía de segunda que es instaurado por la ilegalidad del aborto.

Cuando estábamos a punto de presentar públicamente la línea telefónica “Aborto: más información, menos riesgos”, el sector más hegemónico del activismo por el aborto nos dijo que lo que íbamos a hacer era una locura y que íbamos a terminar todas presas. Algunas nos dijeron explícitamente que no querían que la principal organización del activismo por la legalización de aborto quedara en alguna forma asociada a la línea. Lo cierto es que no terminamos presas y que demostramos que se podía hacer: que se podían firmar los volantes con información práctica para abortar, que se podía decir en la televisión que estábamos dando esa información, que el enfoque que adoptamos de basarnos fuertemente en el derecho a la información era útil y que se podía incluso escribir, difundir masivamente y firmar un manual con información completa, accesible y actualizada para abortar de forma segura con misoprostol. Años después, proliferaron cantidad de grupos que todavía hoy se dedican a dar el mismo tipo de información telefónicamente, con el añadido de que ahora que ya se había subido el piso se puede también hacer acompañamientos a quienes abortan. Eso es, sin dudas, un gran logro, un acumulado colectivo. Sin embargo, en la historia oficial del activismo por el aborto, parece que el teléfono como vía directa para suministrar entre pares información completa, accesible y actualizada sobre cómo abortar de forma segura con misoprostol hubiera sido inaugurado con los nuevos grupos, todos los cuales se definen socorristas y feministas, ninguno de lesbianas, amparados en el gran paraguas institucional del activismo hegemónico por la legalización del aborto. ¿Por qué se borra de la historia de este activismo lo que hizo la línea “Aborto: más información, menos riesgos”? Para quienes fuimos parte de Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto y para muchxs otrxs compañerxs gltb la respuesta es clara: porque lo hicimos desde un grupo con mayoría de lesbianas, que usaba métodos y enfoques típicos del activismo lésbico y gltb, y que lo anunciaba desde su nombre. Porque éramos, para algunas, intrusas. Porque no nos correspondía, parece, hablar de aborto y mucho menos pasar a la acción directa.

Hoy, la acusación tácita de intrusión se hace sobre los hombres trans y otras personas transmasculinas que interpelan el texto del proyecto de ley y la forma en que lo defiende discursivamente el activismo feminista que lo propuso. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo habla sólo de “toda mujer” y “la mujer” en sus primeros cuatro artículos (los más declarativos) y habla sólo en femenino en el quinto (de la obligatoriedad de las prestaciones médicas). Muchxs hemos reclamado una redacción del texto de la ley que fuera más abarcativa, que diera cuenta de la realidad de multiplicidad de personas que pueden abortar, que no dejara dudas que pudieran luego usarse para negarles el ejercicio del derecho a abortar a personas que no se identifican como mujeres o en femenino. Esta propuesta es fuertemente resistida, con argumentos que parecen decir “¿qué más quieren?”. Así, quienes defienden el proyecto de ley dicen que las personas trans están incluidas porque el artículo 10 declara que los beneficios se extienden a las personas con capacidad de gestar según lo que dice la ley de identidad de género. Por eso, ¿qué más queremos? Queremos más. Queremos que el derecho al aborto de las personas trans, cualquiera que sea su forma de identificarse (como hombres, como no binaries, como transmasculinidades) no quede relegado a un rincón, a un artículo que parece como el 13, de forma. Por supuesto, las organizaciones de mujeres y las mujeres que hablan de forma independiente en las audiencias legislativas pueden con total validez centrar sus intervenciones en la realidad de las mujeres. Por supuesto, hablar de la historia de la prohibición del aborto conlleva al tipo de análisis que hace Silvia Federici (Calibán y la bruja, 2010, Tinta Limón, Buenos Aires) en relación a considerar el control de la capacidad reproductiva de las mujeres (en contextos heterosexuales) como forma de acumulación originaria del capitalismo que se actualiza en cada nueva ronda de acumulación. Pero eso no exime de otros posicionamientos que deberían ser innegociables para un feminismo comprometido con una agenda de liberación que no se agote en las mujeres: invitar a intervenir y respaldar organizacionalmente en las audiencias públicas a los hombres trans y otras personas transmasculinas y tener el cuidado de redactar un texto de ley explícitamente abarcativo, que no pueda ser usado para negar el derecho al aborto a ninguna persona que desee interrumpir su embarazo.

Hay otras partes del texto del proyecto de ley donde queda claro que decir “mujer” no es una afirmación sin matices. Nosotrxs pedimos un texto más explícitamente abarcativo porque sabemos que muchas veces, como en este caso, se legisla en un campo de batalla y que hay que prepararse para las peores situaciones posibles de resistencia al ejercicio de derechos. Las compañeras feministas también lo saben y saben que uno de los puntos donde puede surgir fuerte esa resistencia es en relación a las adolescentes y a las niñas. ¿Son mujeres las chicas de 14 años, las de 10? Nuestros propios movimientos dirían que no, sobre todo cuando se discuten agresiones sexuales. Entonces, sabiendo eso, las compañeras redactaron todo el artículo 8 sin hablar de mujeres y en cambio dice “persona adolescente”, para que no queden dudas de que tienen derecho a un aborto incluso siendo menores de edad, incluso si no son todavía mujeres (o si no lo serán después). Es decir, en algunos casos sí es importante garantizar el derecho para personas que no serían sencillamente identificables como mujeres, en algunos casos no hay problemas en no decir “mujer” y buscar otras formas de nombrar. En otros casos, entonces, podemos inferir que sí hay algún tipo de problema. Y el problema es que no “nos dan permiso” para entrar, porque somos intrusxs, como si este tema y este debate fuera territorio exclusivo de las mujeres heterosexuales. Este tipo de diferencias en el tratamiento discursivo a la hora de escribir el texto de un proyecto de ley es lo que no permite apelar a las excusas que dan las compañeras: que no sabían, que recién se están enterando. Por supuesto que sabían: citan la ley de identidad de género, que por cierto se sancionó hace seis años. Durante todos estos años ha habido hombres trans hablando de su necesidad de ser reconocidos como personas que también pueden abortar. No son omisiones por error ni desconocimientos: son decisiones políticas acerca de a quién se está dispuestx a dejar en el camino. Una ley es algo muy laborioso de lograr y a veces hay una única oportunidad social y política para hacerlo. No se puede especular o pedir a quienes reclaman ser incluidos que tengan paciencia y que salga como salga y luego enmendarla, porque las condiciones para la enmienda pueden no darse nunca.

La cuestión de los remanentes eugenésicos  

No es de interés revisar lo que dicen quienes se oponen a la legalización del aborto, que banalmente dicen que la legalización en sí es eugenésica porque sabemos que básicamente lo que hacen es un uso instrumental de las personas con discapacidad.

La cuestión dura de discutir es el planteo que se hizo desde el activismo intersex y de las personas con discapacidad acerca del artículo 3, que para extender los plazos en los que sería posible abortar plantea tres causales, la última de las cuales es “malformaciones graves”. ¿Cuáles son esas malformaciones graves? No es claro y por eso deja lugar a sospechar un sesgo eugenésico, que apela a un sentimiento tácito pero que se supone común con legisladorxs y médicxs de que ciertos nacimientos, de ciertos cuerpos, serían un horror tan grande que todxs deberían estar de acuerdo en permitir que se aborten en cualquier caso (cosa que ya pasa: no siempre es tan difícil abortar, son miles las mujeres que han recibido el ofrecimiento de un aborto por parte de sus médicxs cuando un examen prenatal indicó algún tipo de “malformación”). Y la sospecha de cierta consideración diferencial acerca del valor de las personas en función de sus cuerpos y de sus capacidades se sostiene en el texto del artículo 9, donde tampoco aparece “la mujer” ni “toda mujer”, sino que se habla de “personas con capacidad restringida”. ¿Qué pasa acá que quienes les responden a los hombres trans con un fundamentalismo del enunciado “mujer” lo dejan de lado cuando se trata de personas con discapacidad? ¿Las mujeres con discapacidad no son mujeres? ¿No son tan mujeres? Parece que no era tan difícil redactar un texto más inclusivo, que se podía si se quería. Hay varixs activistas gltb y queer que insisten en que se hable de “cuerpos gestantes”. Personalmente, me parece que reducir todo a hablar meramente de cuerpos hace perder la dimensión de que se trata de sujetos que ocupan lugares específicos dentro de una trama donde el poder se distribuye diferencialmente. Sin embargo, se puede hablar de personas con capacidad de gestar sin perder la dimensión subjetiva y sin excluir a algunas de esas personas.

Volviendo al texto del artículo 3, la cuestión es si realmente es necesario seguir hablando de “malformaciones graves” para extender los plazos. Si se refiere a condiciones incompatibles con la vida, se puede decir exactamente eso o nombrarlas, como en el caso de la anencefalia. O se puede tomar una posición más audaz y considerar que no debería haber causales, que se puede pelear por un plazo sin causales mucho mayor a las 14 semanas y eliminar de una vez todas las tutelas médicas y jurídicas sobre quienes quieren abortar. Quien no quiere un embarazo, por lo general intentará terminarlo lo antes posible y la medida de esa posibilidad depende del acceso a medios y recursos, lo que debería estar facilitado por la sanción de esta ley. De manera que es probable que se sostenga y se profundice la situación actual: la mayoría de los embarazos no deseados serán abortados dentro de las 14 semanas, quedando algunos para semanas posteriores. ¿Por qué no hacer la apuesta radical por afirmar que no son necesarias las causales, que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo debería ser soberano? Creo que en el fondo muchxs de quienes apoyan la legalización no apoyan esa visión más radical y dirán que es necesario tomar aproximaciones como la que tiene el proyecto presentado como estrategia para la pelea legislativa. En ese caso, con dejar sólo las dos primeras causales debería ser suficiente: violación y riesgo para la salud de quien gesta, entendiendo salud en sentido amplio.

Laura Hershey es una norteamericana activista feminista y por los derechos de las personas con discapacidad. En su artículo Choosing Disability (en Reconstructing gender, editado por Estelle Distch, 1997, Mayfield Publishing Company, California) dice: “Quiero desafiar los intentos del patriarcado por controlar a las mujeres, y también confrontar el antiguo sesgo contra las personas con discapacidad. Quiero discutir la ética del derecho a decidir, sin tener que abogar por restricciones a ese derecho.” Más adelante, cita a Julie Reisking, activista por los derechos de las personas con discapacidad y por el derecho al aborto, que dice: “La mayoría de los abortos no se hacen porque haya algo mal con el feto. La mayoría de los abortos se hacen porque no tenemos anticoncepción de calidad”. Es decir, nunca deberían usarse las discapacidades presentes en el feto para lograr que el aborto sea legal: “Tiene que ser porque las mujeres tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestros cuerpos. Punto”. Y luego, Hershey agrega: “Agrupar los ‘defectos fetales’ junto a la violación, el incesto y las complicaciones que ponen en riesgo la vida [de la gestante], es demostrar profundos miedos en relación a la discapacidad”. Y es también, reforzar el estigma y la devaluación social de las personas con discapacidad.

Como activistas gltb tenemos que llamar la atención sobre cualquier texto de ley que deje lugar a interpretar que se acepta y se valida el pensamiento eugenésico. Tenemos que hacerlo por solidaridad con otros movimientos, como el de las personas con discapacidad y el de las personas intersex que sistemáticamente han marcado estas cuestiones, por las atrocidades que han denunciado estos movimientos, porque hay personas gltb con discapacidad y/o intersex, y también por nuestra historia. Las personas gltb, por nuestra orientación sexual y por nuestra identidad de género, hemos estado y estamos aún sometidas a prácticas y políticas eugenésicas: las esterilizaciones forzadas que se hicieron en los campos de concentración y exterminio del nazismo sobre sus prisioneros gays y sobre quienes hoy probablemente se identificarían como trans se continúan en numerosas leyes de identidad de género que imponen las cirugías genitales como requisito (en vez de ofrecerlas como un derecho, como la argentina) para reconocer la identidad de género de las personas trans; las experimentaciones que los mismos nazis hicieron sobre esos prisioneros se continúan hoy cuando se usa a las lesbianas como excusa para poner en el mercado tecnologías reproductivas cuyos riesgos no fueron todavía completamente elucidados, como es el caso de la fertilización in vitro a partir de ADN de tres personas o los intentos de fusión entre dos óvulos; la prohibición de reproducirnos que sigue vigente en las leyes de fertilización asistida de muchísimos países que ponen como requisito de acceso que se trate de parejas heterosexuales casadas o que explícitamente excluyen a las personas gltb; los numerosos intentos que se hicieron con gran entusiasmo en los noventa para encontrar “el gen gay”, que con menos entusiasmo y algunas variaciones se siguen haciendo, y que han sido sucedidos por toda una corriente de neurociencias que habla de cerebros masculinos y femeninos, de acción de las hormonas sexuales durante el desarrollo fetal del cerebro y por prácticas derivadas de ese tipo de aproximaciones, como la de ofrecer dexametasona a quienes tienen embarazos en los que se detecta que los fetos tienen hiperplasia suprarrenal congénita, bajo el supuesto de que sería una forma de reducir las probabilidades de que luego crezca siendo lesbiana.

Construcciones colectivas entre movimientos, a pesar de las disputas

Quiero cerrar diciendo otra vez que es injusto que quieran hacernos sentir como intrusxs en el debate por la legalización del aborto, como si no tuviéramos nada que ver con esta lucha y con sus condiciones de posibilidad. Y no me refiero solamente a que hay cantidad de gays metidos en la principal organización que presenta el proyecto de ley, ni me refiero tampoco a las décadas que llevan muchísimas lesbianas metidas en esa pelea, además de haber abortado. Me refiero a que no se llega a este momento social por un camino aislado. Los movimientos sociales podemos llevar nuestras luchas específicas más o menos cada uno por su cuenta, con cierto grado de alianzas y articulación, pero el efecto social es acumulativo. Cuando terminaba el gobierno anterior, algunxs activistas del movimiento gltb tuvimos que escuchar a compañeras feministas quejarse amargamente (y sin atisbo de mirada autocrítica sobre su propia práctica) de que “el aborto no sale porque los gltttb metieron todas sus leyes y no hay lugar para más leyes progresistas”. La culpa era nuestra. Siguiendo ese razonamiento, la posibilidad de que se apruebe la legalización del aborto existiría ahora a pesar nuestro, a pesar de lxs intrusxs que pretendemos intervenir en este debate. Sin embargo, no es así. No es a pesar nuestro, sino que es también gracias a nosotrxs: se llega a este momento social donde el debate sobre el aborto es favorable a legalización entre otras cosas luego de que el movimiento gltb luchara durante años por su visibilidad social y política e impulsara medidas con altísimo impacto social: la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de fertilización asistida, y la reforma del código civil que reconoce plenamente las dobles maternidades o paternidades y la voluntad procreacional. Generamos debates que cambiaron la forma de pensar de miles de personas sobre el género, la sexualidad y la reproducción. Le pusimos un freno a la pretensión de la Iglesia Católica de seguir imponiendo los límites de lo moralmente posible en nuestra sociedad. No somos intrusxs, fuimos parte de la construcción social y política de las condiciones de posibilidad para que se apruebe la legalización del aborto. No necesitamos que nos den permiso para hablar.

María Luisa Peralta

Activista lesbiana

Foto: M.A.F.I.A

* Agradezco los valiosos comentarios de Nicolás Cuello y Verónica Fulco.