El Decreto 683/2018 que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior se encuadra dentro de las imposiciones norteamericanas para regir y gestionar las políticas nacionales de seguridad, inteligencia y funcionamiento militar en los países de la región con quien entabla vínculos de diversa índole. La “doctrina de las nuevas amenazas” no necesitó de este decreto para operar como política represiva en nuestro país durante estos últimos años.

La construcción de un enemigo interno se sostiene, en primer lugar, incorporando una supuesta amenaza al orden público en la superficie del sentido común; y, en segundo lugar, bajo la tutela de una doctrina transnacional, que permite asimilar esa amenaza a otras desarrolladas en países militarizados y lacerados por la violencia que esta misma operación genera. La doctrina construye una genealogía de la intervención represiva a partir de la cual se justifican las múltiples presiones que ejercen los países centrales (en este caso, EE.UU.) a fin de acaparar los territorios ricos en recursos naturales y de usos estratégicos para el desarrollo económico.

La gubernamentalidad neoliberal, como sugiere Pilar Calveiro, contribuye a conformar, y a la vez se retroalimenta, de estos procesos geopolíticos que tienen como fin desmembrar las soberanías nacionales y descomponer las lógicas colectivas de experiencias sociales, políticas y culturales.

Esta gubernamentalidad neoliberal pretende convertir la represión en un hecho justificado para el sentido común a través de dispositivos, gramáticas y discursos afectivamente interpelados, que se entroncan con una matriz productiva excluyente y desequilibrada en favor del sector agroexportador y financiero. El decreto 683/18 es la punta del iceberg de este entramado de poder, que persiste y ejerce violencia.

Hoy comprendemos que la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado admite este trasfondo y pone en evidencia el carácter de intocable que tiene la propiedad de la tierra. Ello puede contemplarse si se trazan las múltiples conexiones entre la organización local e internacional del suelo patagónico (y de todo el país) desde fines del siglo XIX y el surgimiento del Estado Nación. Por aquel entonces y también en la actualidad, la “amenaza” a esa matriz fue condenada, disciplinada, gestionada o invisibilizada, en aras de su pretendida inserción a los esquemas liberales y positivistas de la elite gobernante. Las prácticas violentas de las fuerzas represivas fueron (y lo son, aún) protegidas por el accionar de ciertos grupos políticos, sectores del poder judicial y las fuertes campañas mediáticas que contribuyeron (y contribuyen) a la delimitación del sentido acerca de la amenaza. La operación es conocida: se invierte la lógica y la violencia pasa a ser un atributo de quienes son violentados/as, y la política, una estrategia desbordada de la elite. Por tanto, es necesaria cierta discrecionalidad de las fuerzas represivas del Estado frente a la operación ideológica de construir un grupo social como enemigo de la nación.

La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado se inscribe en esta matriz y en la discrecionalidad del poder represivo del Estado; de allí, la veracidad histórica y política de la consigna “El Estado es Responsable”, puesto que se ha reprimido ilegalmente una protesta social de los habitantes del Pu Lof en Cushamen con reivindicaciones políticas legítimas y justas. Por tanto, los/as funcionarios/as del gobierno nacional y provincial deben ser interpelados y, sobre todo, nombrados, asumiendo que la marca nominal sobre la memoria es un rastro indeleble de su superficie: Patricia Bullrich, Pablo Noceti, Gonzalo Cané, Guido Otranto (entre otros/as) son responsables.

La pedagogía de la memoria en nuestro país tiene una extensa y profunda historia que nos permite encontrar un modo colectivo de hacerle frente a esta matriz represiva. Los dispositivos de la gubernamentalidad neoliberal en estos últimos años se han orientado hacia ella y han intentado diluir los principios de verdad y justicia como un consenso irrenunciable para el conjunto mayoritario de la población. La conformación y reactualización permanente de las memorias de resistencia e insurgencia política no sólo nos movilizan a pedir justicia por Santiago, sino que nos convocan a levantar sus reivindicaciones, sus banderas justas.

Esta memoria construida de la mano de las Madres, Abuelas, Hijos/as y Familiares, pero también configurada al calor de los cuerpos en los piquetes y en las ollas populares de los barrios vulnerados, en las calles durante el 2001 y en el dolor de los/as asesinados/as por el Estado, es la que alienta a la recomposición de las lógicas colectivas de construcción política y la que pone al descubierto las políticas de la crueldad, de lo siniestro y de lo infame.

Por ello, hoy podemos decimos: hace un año Santiago Maldonado fue desaparecido y asesinado y el Estado y este gobierno son responsables. Estas son nuestras consignas.

Por Lucas Saporosi

Fotografía: M.A.F.I.A.